Se ha vuelto una excusa común dentro de la clase política dominicana usar el turismo como el cuco de toda crítica o mención de problemas en el sector aeronáutico dominicano, citando siempre su importancia para la economía dominicana, y cómo el conocimiento público de dichos problemas pudiera afectar a esa industria.
Pero esa no es la forma de actuar de los grandes sistemas de aviación en los países democráticos más desarrollados del mundo, donde la primera parte de afrontar cualquier problema es claramente identificarlo y atacarlo. En nuestro país, sin embargo, la práctica es perseguida y considerada hasta “traicionera” a los intereses nacionales, y los que se han atrevido a hablar de manera abierta han sido sacados del sistema, o en el caso de los que residimos fuera del país, tildados de “alarmistas”.
Pero como hemos dicho en innumerables ocasiones, nuestro sistema de aviación civil está pasando por un momento de bastante estrés, con el rápido crecimiento de aerolíneas como Arajet y grupos empresariales aeroportuarios como el Grupo Punta Cana, lo que por su lado ha generado una tímida respuesta gubernamental a las necesidades del sector, a veces aceptando las desviaciones garrafales de grandes intereses empresariales, en perjuicio del sistema.
Las auditorías
En sistemas débiles como el nuestro, donde la telaraña entre lo político, lo empresarial y lo técnico se entrelazan constantemente, solo las auditorías internacionales pueden ayudar a llegar a cierto nivel de verdad, y con ello empujar a mejoras en el sistema que van más allá de lo superficial. Pero cuando dichas auditorías son llevadas a cabo por organismos que reciben la mayor parte de sus recursos de los Estados que auditan, entramos nuevamente en una telaraña de intereses que terminan afectando al sistema.
Y es que el país generalmente se enfrenta a dos tipos de auditorías nacionales en materia de aviación civil: las de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y las de otros Estados que buscan proteger sus sistemas aéreos. En el caso de la OACI, dichas auditorías son llevadas a cabo una o dos veces durante un período de 10 años, y generan una nota de cumplimiento, donde 100% significa que un Estado cumple con todos los lineamientos de OACI.
Por otro lado, las auditorías de Estado-a-Estado, como las de la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés), son llevadas a cabo solo cuando un Estado inicialmente establece vuelos de sus aeronaves de transporte de línea aérea hacia su país, y posteriormente solo cuando aumentan las preocupaciones por el manejo de la seguridad operacional de otro Estado (como la ocurrida en 2023-24 en RD).
Una OACI deficitaria
La OACI es un organismo de las Naciones Unidas, con base en la ciudad de Montreal, Canadá, cuyo presupuesto depende ampliamente de los aportes de los Estados miembros del convenio de aviación civil internacional.
El presupuesto operacional anual de OACI es de unos US$86.44 millones, de los cuales los Estados miembros aportan un 89%, o el equivalente a US$76 millones. El 11% restante (US$9.5 millones) es producido por servicios ofrecidos por OACI, como la venta de acceso a sus regulaciones (sí, este organismo regulador internacional cobra por acceder a sus regulaciones), material didáctico, seminarios, contribuciones voluntarias, etc.
Cada año, OACI debe realizar una serie de eventos a nivel global para poder cubrir sus gastos operacionales, y es aquí donde el cabildeo y las donaciones de países que buscan tener el visto bueno de OACI entran en juego. Y claro, como toda institución humana, un amigo que te ayude económicamente en momentos difíciles gana tu aprecio y apoyo.
La “generosidad” dominicana
República Dominicana se ha convertido en uno de los países favoritos de OACI para sus eventos regionales. En los últimos 4 años, República Dominicana ha sido cede de 5 eventos de OACI, totalizando entre los eventos (cuyos datos de gastos son públicos) unos US$3.7 millones (RD$220 millones), muy por encima de la media regional.
El mayor evento de este tipo en los últimos años fue el Simposio Mundial de Apoyo a la Implementación de la OACI (GISS), realizado en nuestro país en 2024, para el que, de acuerdo con los registros del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, el IDAC adjudicó al menos RD$170.07 millones —aproximadamente US$2.9 millones— en contrataciones.
Es precisamente debido a este altísimo costo para los países anfitriones que dicho simposio de OACI se ha llevado a cabo en países con economías mucho mayores a la nuestra: Turquía en 2022, Corea del Sur en 2023 y Emiratos Árabes Unidos en 2025. La propia OACI declaró al finalizar el evento que GISS 2024 había contado con el “generoso apoyo del Gobierno de la República Dominicana” y que había sido organizado/alojado por el IDAC.
El segundo gran evento anual de OACI, también realizado en República Dominicana, fue el Evento de Negociación de Servicios Aéreos (ICAN), realizado en Punta Cana en 2025; donde el Estado dominicano comprometió al menos RD$47.26 millones –aproximadamente US$728,000– en contrataciones públicas asociadas a la celebración. Su función principal es reunir en un mismo lugar a las autoridades aeronáuticas de decenas de países para que puedan celebrar negociaciones bilaterales, regionales o plurilaterales sobre servicios aéreos.
Si a esto sumamos eventos regionales como las reuniones de directores de agencias de aviación civil de América Latina, o las reuniones de comités de seguridad operacional regional de OACI en República Dominicana durante la administración Abinader, nos encontramos con gastos por encima de los RD$300 millones en solo 6 años.
Cuando comparamos economías de tamaños similares en la región con la dominicana, no encontramos gastos en eventos simultáneos de OACI de esta magnitud; lo mismo cuando lo comparamos con administraciones pasadas en República Dominicana cuando, siguiendo la norma regional, se realizaba una que otra reunión regional.
El cabildeo
Podría argumentarse que el país se beneficia de tener estas reuniones dentro de nuestras fronteras, pero al mirar de cerca lo que se ha firmado o se ha logrado, es claro que lo mismo se hubiera logrado enviando comisiones a esos mismos eventos en otros países, pues realmente es poco lo que el gobierno tiene para mostrar en cuanto a acuerdos o mejoras. Por esta razón, cuando OACI anuncia que le realizará una auditoría a República Dominicana en 2027, y esta pide que se la aplacen para más adelante, es entendible que OACI acomode a tan “generoso” Estado y reagende dicha auditoría, aún sin fecha específica.
Como país, debemos comenzar a preguntarnos qué nos conviene más a nivel estratégico: mantener un sistema débil y aislado de auditorías internacionales a través de cabildeos y pagos millonarios de eventos en República Dominicana, o exponernos a las pruebas de estrés de dichas auditorías y mejorar el sistema de manera real. La salud no solo de la aviación civil, sino más bien de toda la industria turística dominicana, depende de la transparencia y el buen manejo de dicho sistema, no al revés.
